Puntos clave
El documento de 39 páginas publicado bajo el nombre de la National Association of Muslim Police (NAMP) -difundido desde una dirección @muslim.police.uk- se presenta como un alegato institucional contra el «anti-Muslim hatred». Su objetivo real, legible capítulo tras capítulo, es arraigar en el seno mismo de la policía británica el marco conceptual y el vocabulario del islamismo de los Hermanos Musulmanes, empezando por borrar del léxico policial las palabras que designan el islamismo y el yihadismo.
El texto combina tres operaciones: 1) una amalgama polémica entre el sionismo y el odio antimusulmán, que designa a las FDI y al Estado de Israel como «grupo terrorista»; 2) una confusión semántica del antisemitismo por la vía etimológica; 3) una demanda operativa de prohibición de los términos «Islamist», «Jihadist» y «fundamentalist» en la doctrina de contraterrorismo británica.
1. Un manifiesto político difundido bajo el imprimátur de la policía
El estatus institucional del documento es el primer elemento que debe alertar. No se trata de un ensayo universitario publicado a título personal, sino de un texto firmado por el vicepresidente de una asociación afín reconocida en el seno mismo de las fuerzas policiales británicas, difundido desde una dirección de correo en muslim.police.uk, en papel con membrete NAMP / Scottish Police Muslim Association y su logotipo oficial.
La NAMP está reconocida por el National Police Chiefs' Council como «staff association». Su misión declarada -acompañar a los funcionarios de policía musulmanes- se ha ampliado a una función de lobby doctrinal, de la que este documento es la culminación más explícita. El título del texto no deja ninguna ambigüedad: se trata de pasar «From Past Prejudices to Present Policies», es decir, de transformar una narrativa militante en política pública.
Este dispositivo -una asociación comunitaria confesional que produce, desde el interior de una institución soberana, el marco de pensamiento que esa institución debe luego adoptar- es el ejemplo más puro de lo que los trabajos del CERIF denominan entrismo institucional de los Hermanos Musulmanes: no una infiltración clandestina, sino una ocupación perfectamente asumida de los órganos de cooptación interna, puesta al servicio de una gramática ideológica externa.
2. El sionismo erigido en «manifestación del odio antimusulmán»
El capítulo 3 del documento traspasa un umbral pocas veces alcanzado en una producción institucional de policía. En la página 16 se lee:
La afirmación es de un alcance asombroso. El movimiento nacional judío -que agrupa a una parte mayoritaria de los judíos del mundo, que es reivindicado por la mayoría de los partidos políticos de la principal democracia de Oriente Medio y que está protegido por la jurisprudencia británica sobre la Equality Act 2010- es aquí calificado por entero de «manifestation of anti-Muslim hatred». Esta ecuación produce dos efectos inmediatos y políticamente organizados.
En primer lugar, legitima, desde el interior de la policía británica, el uso del antisionismo como categoría operativa. Un agente que suscriba esta tesis considerará la exhibición de una bandera israelí, una muestra de apoyo a Israel o una crítica a Hamás como un posible «anti-Muslim hate incident». El vuelco es total: lo que la doctrina británica de lucha contra los hate crimes protege (la expresión de una pertenencia judía y nacional) se convierte en lo que, por el contrario, habría que vigilar como síntoma de odio racial.
En segundo lugar, alinea palabra por palabra el vocabulario policial con el de las organizaciones de los Hermanos Musulmanes y de Hamás, para las que el antisionismo estructura toda la retórica militante. La NAMP no reformula, no matiza, no traduce: retoma tal cual la retórica de propaganda, en un documento interno de la policía.
3. La designación explícita de las FDI como «grupo terrorista»
La operación se completa, en la página 30, con una lista nominal pasmosa:
Las FDI -el ejército regular de un Estado aliado del Reino Unido, socio de cooperación en materia de inteligencia y seguridad- son designadas nominalmente como «Zionist terrorist group» en un documento NAMP. Ningún matiz, ninguna distinción entre operaciones militares y acontecimientos de guerra, ninguna referencia a las decisiones de los tribunales internacionales: la calificación de «genocidio» se aplica indistintamente a sucesos pertenecientes a categorías jurídicas radicalmente diferentes (Qibya 1953, Kafr Qasim 1956, Sabra y Chatila 1982 -donde la responsabilidad directa recae en los falangistas cristianos libaneses-, operaciones militares de Gaza 2008-2014).
Esta indistinción, en boca de un universitario militante, sería intrascendente. En boca del vicepresidente de una asociación reconocida por los jefes de policía, produce una política pública: invita a todo funcionario de policía musulmán a considerarse, en el ejercicio de sus funciones, moralmente opuesto al ejército de un Estado socio, y a considerar como «anti-Muslim hatred» toda cooperación bilateral con él.
4. Confusión semántica del antisemitismo
El capítulo 3 desarrolla una operación etimológica de consecuencias jurídicas considerables. Citando a John Esposito, el autor explica:
Este razonamiento, que se presenta como erudito, es una operación política. El antisemitismo designa, en toda la jurisprudencia europea contemporánea, el odio a los judíos como grupo: ese es el sentido que le dieron Wilhelm Marr (que acuñó la palabra en 1879 precisamente para nombrar su propia hostilidad hacia los judíos), luego la práctica totalidad de los historiadores de la Shoah y, después, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), cuya definición de trabajo está hoy adoptada por varias decenas de Estados. Ampliar el antisemitismo a «todos los que hablan una lengua semítica» equivale a diluir jurídicamente la protección específica debida a los judíos y a hacer entrar el odio a los musulmanes en el mismo marco legal, cuando este ya está cubierto en el Reino Unido por la Crime and Disorder Act 1998 y la Hate Crime and Public Order (Scotland) Act 2021.
El argumento etimológico está, además, refutado por los lingüistas: «Semitic» es un término del siglo XVIII, acuñado para clasificar lenguas, nunca pueblos. Ningún especialista del antisemitismo contemporáneo -de Hannah Arendt a Léon Poliakov, de Pierre-André Taguieff a Jeffrey Herf- ha sostenido jamás la tesis que aquí se defiende. Pertenece a la apologética política, no al análisis.
5. La demanda operativa: borrar «islamista» y «yihadista» del vocabulario de la policía
Todo lo anterior sirve para preparar la demanda operativa formulada en los capítulos 7 y 10. Es clara:
La palabra «Islamist» designa un proyecto político distinto del islam como religión. Precisamente porque esta distinción es cardinal resulta intolerable para el entorno de los Hermanos Musulmanes: lo identifica como actor político. La propuesta de la NAMP -sustituir «Islamist» por «Anti-Western Terrorism»- abole la posibilidad misma de nombrar políticamente al adversario ideológico.
6. Una definición elástica de «anti-Muslim hatred»
El documento propone su propia definición del «odio antimusulmán», que merece leerse palabra por palabra:
Tres características hacen de esta definición una trampa jurídica. En primer lugar, engloba «las actitudes», y no solo los actos o los discursos, abriendo la puerta a la sanción de opiniones no expresadas. En segundo lugar, incluye «el odio hacia la fe», es decir, la crítica teológica, doctrinal y filosófica de la religión musulmana, lo que contraviene frontalmente las libertades garantizadas por la Equality Act 2010 y el principio británico de crítica lícita de las religiones. En tercer lugar, se extiende a «la propiedad musulmana», categoría sin definición jurídica precisa, que puede abarcar tanto una mezquita como un comercio halal o un activo financiero, abriendo de par en par la puerta a la inflación litigiosa.
Esta definición retoma los principales defectos de la definición APPG británica de la «islamofobia» (2018), que el informe Jenkins–Gilligan desmontó metódicamente en A False Compromise (resumen CERIF 2026/03). La NAMP, funcionarios de policía, propone en realidad el mismo marco normativo que las organizaciones militantes que hacen campaña por la penalización de la crítica al islam, pero esta vez revestido de la autoridad moral de la propia policía.
7. Apologética coránica selectiva y revisionismo histórico
El capítulo 9 emprende una demostración ambiciosa: el derecho islámico de la guerra «predates and surpasses» (precede y supera) al derecho internacional humanitario. El autor cita la sura Al-Baqara, versículo 190 («Combatid en la senda de Alá a quienes os combatan, y no os excedáis»), y la sura Al-Anfal, versículo 61 («Si se inclinan a la paz, inclínate tú también a la paz»).
La operación es clásica de la apologética coránica: extraer los versículos pacíficos ignorando los llamados «versículos de la espada» (Tawba 9:5, 9:29), silenciar los debates sobre la abrogación (naskh) que dividieron a las escuelas jurídicas durante doce siglos, y presentar el resultado como si el islam constituyera un cuerpo doctrinal unívoco, superior a Ginebra. Ningún especialista serio del derecho internacional humanitario -ni Antonio Cassese, ni Yoram Dinstein, ni Marco Sassoli- sostendría que las Convenciones de Ginebra hubieran sido prefiguradas por el derecho islámico de la guerra. La propuesta pertenece al sermón de la mezquita del viernes, no a la ciencia.
La misma operación selectiva se aplica a la historia: el documento afirma que «anti-Semitism was non-existent in the Arab world» y que los musulmanes protegieron sistemáticamente a los judíos. Hace falta una energía revisionista considerable para ignorar el estatus de dhimmi, el Farhud de Bagdad (1941, 180 muertos), la expulsión de los 850.000 judíos de los países árabes entre 1948 y 1972, o los pogromos de Alepo (1947), Adén (1947), Trípoli (1945 y 1948) o Túnez (1967). Estos hechos, perfectamente documentados, no reciben ni una línea.
La afirmación está también contradicha por las encuestas de opinión contemporáneas. Según el Pew Research Center (“Unfavorable Views of Jews and Muslims on the Increase in Europe”, 17 de septiembre de 2008), la proporción de opiniones desfavorables hacia los judíos alcanzaba el 97 % en el Líbano, el 96 % en Jordania, el 95 % en Egipto, el 76 % en Pakistán y Turquía, y el 70 % en Indonesia, cifras que no tienen equivalente en las sociedades occidentales contemporáneas. La misma institución, en su encuesta “Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah” (2 de diciembre de 2010), confirmaba que las opiniones negativas hacia los judíos en los países de mayoría musulmana estudiados “remained at or near record highs”. La idea de que el antisemitismo habría sido «inexistente en el mundo árabe» no resiste un instante de examen empírico: la sobrerrepresentación de la hostilidad antijudía en los países musulmanes es, al contrario, uno de los resultados más estables de la investigación de opinión internacional.
8. La neutralización argumental de la crítica
Una última operación merece atención. El documento se abre, en su prefacio, con un elogio de «la importancia de admitir la ignorancia en los puestos de liderazgo». La retórica es hábil: todo interlocutor que cuestione el análisis del texto queda situado de antemano en la categoría de quienes «blindly follow the narratives presented by media and politicians without question». La crítica es, por tanto, por construcción, una prueba de ignorancia.
Esta maniobra de inversión preventiva de la carga de la prueba es típica de los discursos militantes que buscan inmunizarse contra la discusión. Convierte el texto en un objeto retóricamente cerrado: no se refuta, uno se somete a él; o se somete, o se revela ignorante.
9. La investigación convergente de Andrew Gilligan en The Spectator
El trabajo periodístico de Andrew Gilligan publicado en The Spectator el 5 de junio de 2026 -cuya lectura me hizo descubrir este documento- aporta varios elementos decisivos que inscriben el análisis textual realizado más arriba en una cartografía institucional más amplia. Estos elementos merecen consignarse aquí, pues desplazan el alcance del documento NAMP de la mera esfera del discurso a la de la infraestructura real de la policía británica.
Una organización reconocida por toda la cadena jerárquica de la policía. Gilligan documenta que la NAMP está afiliada a al menos 16 de las 43 fuerzas policiales británicas, que es saludada oficialmente por el College of Policing -el órgano profesional de la policía, bajo tutela del Home Office- como «an important part of policing» que desempeña «a crucial role in supporting our workforce». El College llegó a elaborar con ella una guía conjunta sobre el trato a los sospechosos musulmanes: en ella se recomienda que «las horas de oración y de ayuno se tengan en cuenta al planificar los registros de los domicilios musulmanes» y que a los sospechosos musulmanes bajo custodia se les concedan treinta minutos entre la ruptura del ayuno y el interrogatorio. Lo que la nota de lectura describía en el plano ideológico se traduce, pues, en doctrina de investigación criminal.
Comparecencia ante el órgano consultivo del contraterrorismo. Gilligan revela un hecho que prolonga directamente nuestro análisis del capítulo 7: la NAMP fue recibida para presentar sus tesis ante el NPCC's counter-terrorism advisory group -el órgano consultivo nacional en materia de lucha contra el terrorismo- para pedir allí que se abandonara el término «Islamist terrorism», con el argumento de que «su uso por la policía contribuye a los delitos de odio contra la fe». El argumentario que yo analizaba en el plano retórico fue, por tanto, efectivamente llevado a la instancia donde se decide la doctrina.
El argumento de la cifra. Gilligan recuerda un dato factual decisivo: desde 1999, el 94 % de las muertes por terrorismo en el Reino Unido han sido causadas por islamistas. La demanda de prohibir la palabra «islamista» en el vocabulario policial significa, pues, en la práctica, la prohibición de nombrar el 94 % de las causas de mortalidad terrorista del país.
La defensa de Hamás en el documento. Gilligan subraya con acierto un pasaje del texto que cité más arriba: la NAMP califica de «alarming and unverified stories» los relatos de atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre de 2023 y después, incluidas las decapitaciones y las violaciones. Ahora bien, como recuerda Gilligan, la propia ONU ha documentado tanto las decapitaciones (o intentos) como las agresiones sexuales. Y según Amnistía Internacional -a la que Gilligan califica irónicamente de «well-known friend of Israel»-, al menos 36 niños israelíes murieron en los ataques, así como 659 civiles adultos. El documento NAMP, que pretende denunciar la «deriva deshumanizadora» contra los palestinos, lleva a cabo él mismo una deshumanización simétrica de las víctimas israelíes.
El precedente del informe Shawcross. Gilligan recuerda, por último, un elemento que los responsables británicos conocen desde 2023: la revisión Shawcross del programa británico de contraextremismo había identificado, entre las figuras dirigentes de la NAMP y de sus delegaciones locales, a individuos que habían «promovido a varias personas y organizaciones de opiniones o afiliaciones preocupantes, compartido teorías de la conspiración, material antisemita y llamamientos a la destrucción de Israel».
Gilligan resume la situación con una fórmula que merece citarse íntegramente:
La analogía con la corrupción financiera de las policías británicas de los años setenta -que llevó a Robert Mark a un reset total de Scotland Yard- da la medida del diagnóstico que plantea Gilligan: ya no estamos en el debate doctrinal, sino en la cuestión de la corrupción institucional. La presente nota de lectura, en el plano analítico, converge con esa apreciación.
Conclusión: una señal de alarma
El documento de la NAMP no se parece a un simple alegato a favor de la no discriminación de los funcionarios musulmanes. Es un manifiesto ideológico coherente, que pide a la policía británica:
- renunciar a nombrar el islamismo y el yihadismo;
- adoptar una definición del odio antimusulmán lo bastante amplia como para englobar la crítica teológica y la mención estadística de un hecho;
- reconocer el sionismo como una «manifestación» de ese odio, y a las FDI como un «grupo terrorista»;
- diluir la especificidad jurídica del antisemitismo en una categoría lingüística común;
- y presentar la apologética coránica como un estándar moral superior al derecho internacional humanitario.
El método es exactamente el que la rejilla conceptual del CERIF identifica como característico del entrismo de los Hermanos Musulmanes contemporáneo en las sociedades occidentales: no un golpe de fuerza, sino una lenta sustitución léxica, doctrinal y jurídica, operada desde el interior de las instituciones en nombre de la lucha contra una «fobia» cuya definición es producida por aquellos mismos a quienes se supone que debe proteger.
El hecho de que este texto lleve el logotipo de una asociación reconocida por los jefes de policía británicos, y de que se difunda desde una dirección @muslim.police.uk, merece, por sí solo, la atención de los responsables europeos. Ningún equivalente de la NAMP debería estar autorizado a publicar, bajo el imprimátur de una institución policial, un texto que pida la designación del ejército de un Estado aliado como «grupo terrorista». Es, exactamente, el fracaso de gobernanza sobre el que alertó el Bundesamt für Verfassungsschutz alemán en junio de 2026 (véase el resumen CERIF de la exclusiva de BILD).
El documento examinado es la culminación de una estrategia paciente, expuesta aquí en toda su coherencia por su propio autor. Como tal, constituye una pieza documental de primer interés, no por lo que dice, sino por lo que revela del grado de avance del entrismo institucional de los Hermanos Musulmanes en una democracia occidental.
Florence Bergeaud-Blackler
Antropóloga, investigadora titular del CNRS (HDR)
Presidenta-fundadora del CERIF - Centro Europeo de Investigación e Información sobre el Frérisme (la corriente de los Hermanos Musulmanes)
cerif.eu